El Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) prohíbe a los socios firmar algún tratado con naciones que tienen prácticas de comercio desleales, como China o Venezuela, con el fin de proteger a la industria de cada país.
Así lo aseguró en entrevista el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, al señalar que éstas son también consideradas “economías de mercado”.
El también líder del Cuarto de Junto en la renegociación del acuerdo, explicó que se trata de proteger a la planta productiva de Norteamérica para evitar que se asocien con países donde el Estado otorga subsidios, interviene el mercado e impide el libre comercio.
De ahí que es importante asumir el compromiso de no ser socios de ese tipo de economías, apuntó, luego de que Canadá decidiera integrarse al nuevo acuerdo comercial, mismo que ahora llevará el nombre de USMCA.
Con ello, añadió, se busca fomentar la libertad de mercado y el libre comercio en el mundo en igualdad de circunstancias, insistió el líder del sector empresarial mexicano.
Con respecto a la regla de origen en el sector automotriz, una de las más controvertidas durante el proceso de modernización, sostuvo que esta restringirá a la mitad la industria automotriz.
La medida obliga a México a buscar una política industrial que facilite o absorba los costos de pagar aranceles, cuando se incumpla con el contenido regional, sostuvo.
La nueva regla de origen demanda que 25 por ciento de autopartes sean fabricadas en zonas de altos salarios, situación que pone en desventaja a la industria mexicana, y el 15 por ciento del diseño y la innovación se hagan en esas mismas regiones, apuntó.
Pese a lo anterior, Castañón aseveró que de momento no se tendrán afectaciones en la industria automotriz y, contrario a ello, está garantizado un crecimiento en caso de que Estados Unidos tuviera la iniciativa de castigar y aumentar los aranceles para los automóviles que se exportan hacia el país vecino del norte.
“De momento las operaciones serán iguales y sólo en caso de no cumplir en tres años, a partir de la entrada en vigor del tratado, tendrán que pagar un impuesto compensatorio de 2.5 por ciento”, añadió.
Fuente: ntrguadalajara.com